El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial de Honduras, presentó los logros del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales a los miembros del Cuerpo Diplomático de Latinoamérica y Europa acreditado en el país. El intercambio se desarrolló durante una mesa de trabajo en el salón Augusto C. Coello de la Cancillería de la República.
En la reunión, Pedro Vuskovic, Representante Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) y la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rosa de Lourdes Paz Haslam, expusieron el papel de la gestión y asistencia técnica que brinda la OEA y la ejecución del servicio por parte del Poder Judicial en busca de brindar un acceso a justicia a la población en situación de vulnerabilidad.
En la mesa de trabajo participaron la Vice Canciller Diana Valladares, las representaciones diplomáticas de Centroamérica, México, Chile, Corea del Sur y Gran Bretaña, quienes escucharon los testimonios de facilitadores judiciales hondureños, jueces y magistrados. También estuvieron presentes la Embajadora de la OEA en Honduras, Claudia Barrientos y la Licenciada Waleska Paz, Directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Este servicio de acceso a justicia se implementa desde hace ocho meses en Honduras, cuenta con 486 facilitadores judiciales establecidos en ocho departamentos del país: La Paz, Intibucá, Comayagua, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca e Islas de la Bahía.
A nivel regional, este servicio también se implementa en Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay, donde existen 6.375 facilitadores judiciales a la fecha. Más de tres millones de personas en situación de vulnerabilidad tienen acceso a un facilitador.
Los facilitadores judiciales asesoran a las personas sobre las leyes, les acompañan en trámites, realizan mediaciones en la materia que la Ley lo permite y difunden una cultura cívico jurídica entre la población, contribuyendo a la gobernabilidad democrática, mejorando los niveles de acceso a la justicia y a la reducción de la pobreza.
Los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales son implementados por las Cortes Supremas de Justicia de cada país, con la asistencia técnica del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA y el apoyo del Reino de los Países Bajos.
|
