Con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Poder Judicial y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante el Consultorio Jurídico, dio inicio en febrero de 2013 en la ciudad de Tegucigalpa, el I Diplomado sobre el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ).
Al acto asistieron: la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Edith María López Rivera; la Directora de la Escuela Judicial, Edith Urtecho López; el Decano de la Facultad de Derecho, Jorge Roberto Maradiaga; la Directora del Consultorio Jurídico, Waleska Paz; el representante de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, Karl León; y las representantes del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la OEA, doctoras Imelda Amador y Caludia Barrientos.
El SNFJ nace en el marco del PIFJ que creó la Secretaría General de la OEA, con la finalidad de apoyar a los órganos judiciales de los países de Latinoamérica, siendo Honduras el último país del área centroamericana en implementar esta modalidad en beneficio de personas con escasas posibilidades de acceder a los servicios de justicia.
Cabe destacar que la metodología a implementar en el diplomado es la modalidad mixta, que combina encuentros presenciales mensuales con el estudio individual y el uso de la plataforma informática, en el que se aboradarán temas como: Introducción al SNFJ, Justicia y Género, Formación de los Facilitadores Judiciales, Introducción a la resolución alterna de conflictos.
Además de resaltar que el objetivo general del mismo es el de brindar a los operadores de la administración de justicia con los conocimientos, herramientas prácticas y habilidades para operar el SNFJ, tendrán la capacidad del dominio de la operación del servicio de facilitadores judiciales en Honduras, preparar e impartir la formación de los facilitadores judiciales, dirigir y supervisar el servicio de facilitadores, adquirir sensibilidad sobre las particulares restricciones de género en el acceso a la justicia, entre otros. El diplomado tendrá una duración de seis meses y será dirigido tanto a personal jurisdiccional como administrativo del Poder Judicial, Ministerio Público e Instituto de Acceso a la Información Pública.
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