Para Roque López Mejía, facilitador judicial de La Virtud, un municipio fronterizo entre Honduras y El Salvador, hay un incidente en su comunidad que ilustra el beneficio del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) más que ningún otro. Un vecino acusó a otro de haber movido la cerca que divide sus terrenos, donde crían animales. “El señor reaccionó enojado”, recuerda López Mejía, “y dijo que nadie le movía un poste porque habría muerte”.
La municipalidad de La Virtud en Honduras es de las más alejadas de las grandes ciudades del país y, para sus pobladores, acceder a un juez implicaría un largo viaje y perder días de trabajo. Pero la presencia de López Mejía, un facilitador judicial entrenado por las autoridades judiciales del país, permitió resolver la disputa en la misma comunidad. Finalmente, con su intervención, los vecinos se sentaron a hablar, estudiaron los documentos marcando sus terrenos, y llegaron a un acuerdo sin violencia.
Facilitando justicia y ahorrando recursos
El Programa de Facilitadores Judiciales de la OEA - que cuenta con el apoyo de los Países Bajos, España, Italia y Suecia - está presente en ocho países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Argentina), incluye 11.400 facilitadores y atiende a aproximadamente 5,5 millones de personas en las Américas. “El servicio de facilitadores judiciales es un puente entre las instituciones de justicia y la población”, explica el Coordinador del Programa, Pedro Vuskovic.
Pero los facilitadores judiciales no solamente mejoran el acceso a la justicia, sino que además lo hacen a bajo costo. Esa es la conclusión de un nuevo estudio elaborado por consultores con el apoyo de los órganos judiciales de Centroamérica, las universidades públicas y el PIFJ/OEA. El Estudio de Impacto Económico de las víctimas en la resolución de conflictos en Centroamérica revela que por cada dólar que gasta una víctima que acude a un facilitador, quienes eligen seguir un proceso judicial gastan 290 dólares.
Asimismo, según el estudio, los que acuden a un facilitador también logran resoluciones en menos tiempo. “El tiempo que demora una resolución de un caso por vía judicial es al menos cien veces mayor en comparación con la mediación hecha por un facilitador judicial, demorando algunos casos más de dos años para obtener una sentencia, en comparación con un día en el que se lleva a cabo la mediación de un facilitador”, destaca el documento.
Parte de la esencia del sistema de justicia
“El servicio ha traído para mí dos cosas importantes: primero, acceso a la justicia - ha ayudado en las comunidades a que no vengan a mi juzgado por pequeños casos- y también es para mí un apoyo porque me ha bajado la carga de trabajo.”
Su homóloga salvadoreña Carmen Orantes de Lara asiente y añade que “la figura del facilitador judicial no es un agregado al sistema de justicia, es parte de su esencia. Y en ese sentido, los facilitadores judiciales que nosotros tenemos aquí en la comunidad son parte de la estructura orgánica del juzgado”.
“Me gusta trabajar por la comunidad”
El compromiso de Roque con la mediación y la paz se puede ver en su cara, literalmente. Su rostro está cruzado por dos cicatrices producto de su intento de parar una pelea hace años. Hoy, después de dos años de ejercicio como facilitador -en las pocas horas que le deja libre su trabajo en la agricultura sembrando maíz y frijoles-, su pasión por la tarea no ha disminuido. “A veces uno, trabajando como facilitador judicial, evita hasta muertes y por eso uno siente el entusiasmo y las ganas de trabajar”, dice.
¿Y en el futuro? “Yo quizás nunca dejaría de ser facilitador judicial” concluye Roque, “porque me gusta trabajar por el bienestar de la comunidad. Entonces para vivir tranquilamente, me gusta trabajar para que no haya problemas en las comunidades”.
Fuente:Organización de Estados Americanos
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-046/16
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